Esta semana la Fiscalía de París ha ordenado el allanamiento de las oficinas de la red social X (antes Twitter) en Francia y ha citado a su actual propietario, Elon Musk, y a la ex‑CEO Linda Yaccarino a declarar el próximo 20 de abril en la capital gala.
También se han emitido citaciones para empleados de la herramienta de microblogging, que deberán prestar testimonio como testigos durante la semana del 20 al 24 de abril, según el comunicado oficial de la Fiscalía.
La acción ha estado a cargo de la unidad de ciberdelincuencia del Ministerio Público de París, con apoyo de la Gendarmería y Europol.
Las fuerzas del orden y la Fiscalía han descrito el operativo no como una acción aislada, sino como parte de un proceso penal estructurado cuyo objetivo es garantizar que X cumple con la legislación francesa, en especial en temas de delitos graves, protección de datos y regulación de contenidos en online.
Políticamente incorrecto
El proceso se inició a principios de 2025 tras denuncias de un diputado galo y de un directivo de ciberseguridad, centrándose en si el algoritmo de X había sido manipulado para favorecer determinados contenidos o distorsionar sistemas automatizados de procesamiento de datos.
A lo largo de 2025 el caso se ha ampliado para abarcar también denuncias sobre el uso de la inteligencia artificial Grok —integrada en X— que habría generado y facilitado la difusión de contenidos problemáticos, incluidos deepfakes sexualmente explícitos y material negacionista, así como posibles delitos relacionados con la difusión de imágenes pornográficas que involucran a menores, entre otros cargos detallados por la Fiscalía.
Por su parte, las reacciones de Elon Musk y de la propia X a la operación han sido de fuerte rechazo y crítica. La compañía ha compartido en su propia plataforma que considera el registro y la investigación como un “abuso teatralizado de aplicación de la ley” con motivaciones políticas, describiendo las acusaciones como “infundadas” y negando categóricamente cualquier irregularidad.
“Este registro escenificado solo refuerza nuestra convicción de que la investigación distorsiona la ley francesa, vulnera el debido proceso y pone en riesgo la libertad de expresión. X está comprometida a defender sus derechos fundamentales y los de sus usuarios. No nos dejaremos intimidar por las acciones de las autoridades judiciales francesas hoy implementadas”, señalan desde el departamento de Asuntos Públicos de X.
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